Colombian protesters against kidnappings and military rescue operations of FARC hostages (Frank Ballasteros, via Wikimedia Commons)

Oleadas de sangre

Perdiendo la fe en la democracia colombiana.

In 2016, while an undergraduate at Rhodes College, and just weeks after the unsuccessful peace referendum in Colombia, PJIA contributor Dominik Booth wrote an editorial on Colombia’s continued failures to bridge divides of public trust in its peace and justice efforts. In light of continued efforts on the part of President Duque to undermine the peace process, including a recent failed attempt to modify the Special Jurisdiction for Peace tribunal, the Patterson Journal is publishing the original editorial as it appeared in Mr. Booth’s undergraduate journal. 

Views or opinions expressed in this editorial are solely those of the author, and do not reflect the views or opinions of the Patterson Journal, the Patterson School, or the University of Kentucky.


En gran parte debido a su inhabilidad de consolidar sus instituciones democráticas durante los últimos cien años, Colombia ha experimentado mucha violencia. La consolidación democrática refiere al proceso de institucionalizar los elementos revolucionarios de un nuevo estado, como el cambio de una milicia a un ejército, o la creación de procesos de legislar o votar, o el sistema de educación que un país crea para enseñar a la gente un sentido de deber cívico. Se refiere al desarrollo de la democracia – y la paz y la estabilidad en un nuevo país. La cosa más importante en el proceso de consolidación es el establecimiento de un sistema de justicia equitativo y transparente. En su historia, Colombia ha fallado a hacer eso, y muchas veces eligió a crear regímenes más o menos autocráticos, que a menudo implementó políticas que incluía actos de violencia perpetrado contra sus propios ciudadanos inocentes. La existencia de un sistema inestable ha creado un marco social en que otras tipas de violencia han florecido y la confianza pública en el gobierno ha sufrido un colapso.

La desestabilidad de un gobierno y la normalización de la violencia en la sociedad fomenta la aumentación de más violencia, porque los criminales, disidentes, y otros posibles actores violentos sienten que el gobierno ya no tenga la capacidad de disuasión que tuvo en el pasado. Más específico, los conflictos en que se participa los actores organizados (como el gobierno y otros grupos políticos) distraer la atención del gobierno y disminuye las posibilidades que el sistema de justicia va a enfocar en los crímenes apolíticos. Cómo dice Pécaut y González (1997), “la violencia puesta en marcha por los diversos actores organizados constituye el marco dentro del cual se desarrolla la violencia desorganizado” (p. 891). Pero ellos también dicen que es un relación mutual y reflexiva, en que “la violencia desorganizada contribuye a agrandar el campo de la violencia organizada. Una y otra se refuerzan mutualmente” (p. 891).

Mapa de las repúblicas independientes no oficiales de los años sesentas.
(Ed Raoul Solar, 1967, p. 198)

La violencia organizada en Colombia, en la mayor parte, enfoca en la lucha contra los paramilitares y los guerrilleros. No es algo malo por un estado a luchar contra movimientos radicales y revolucionares, pero es importante en este caso a buscar las razones por el surgimiento de esos grupos, y entender las maneras en que esos conflictos reflejan una historia más grande y complejo en Colombia. El grupo guerrillero más grande y fuerte de Colombia es el grupo marxista se llama las Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia – Ejercito Popular (FARC-EP, o más comúnmente FARC). FARC es un grupo marxista tradicional, que lucha contra el gobierno y la democracia para asegurar una futura comunista. Como los otros grupos ultraizquierdas de América Latín, FARC es una reacción contra un gobierno que toma poder y fue dominado por el derecho. Pero, algo que distingue FARC a los otros grupos es que FARC es una respuesta directa a una masacre perpetrado por el gobierno de Colombia. La masacre en 1964 de los campesinos en Marquetalia, una región separatista en el centro de Colombia, precipitó la creación de un grupo autodefensa que se desarrolló a FARC. Ese empezó una nueva guerra civil que fue luchado al mismo tiempo de guerras contra grupos paramilitares de la ultraderecha (como las Autodefensas Unidas de Colombia) y guerras entre grupos políticos. Este marco de violencia organizado creyó un ambiente en que violencia desorganizada como el tráfico de drogas, los desaparecimientos, y los delitos menores se cambia a algo cotidiano.

Ese cambio, en que la violencia “con pocas excepciones afectan a todos los municipios … [y] que pesan sobre la vida cotidiano de todos o casi todos” (Pécaut & González, 1997, p. 892) cambia a las maneras en que los ciudadanos veían el gobierno y la sociedad. Otra vez, Pécaut y González (1997):

“A cada evento de gran repercusión, asesinato de una personalidad, acto terrorista de envergadura, masacre de dimensión poco habitual, la opinión reacciona como si la violencia acabara de tomar un nuevo cauce. Se puede hablar de una percepción caleidoscópica que traduce la dificultad de aprehender los fenómenos de violencia en sus relaciones recíprocas”.

Pécaut y González (1997, p. 894)

La internalización de la experiencia de violencia en la sociedad fue reflejada en la opinión pública, en que el aumento de violencia cada vez se cambia al nivel de violencia anterior a ‘normal’ o ‘mejor’. La dificultad de entender el trauma social, que fue de tan magnitud a prohibir racionalización, cambia la opinión pública y la percepción popular de la sociedad.

La violencia también no es una experiencia relegado al pasado. El gobierno de Colombia continua a actuar en maneras que destruye a la fundación del Estado de leyes y prohíbe al desarrollo de un sistema de justicia democrática. Recientemente, el gobierno ha admitido a un curso de acciones en los años ochenta en que el gobierno asesinó a algunas figuras políticas de la izquierda, específicamente enfocado en el partido Unión Patriótico, un partido político alineado con FARC (Pallín, 2008). En 2016, presidente Juan Miguel Santos anunció que “el Estado fue responsable de la oleada de sangre que llevó a la desaparición del partido político” (Anónimo, 2016). Santos también confirmó que el gobierno colaboró con grupos paramilitares de la ultraderecha (una acusación impuesta por la izquierda contra el gobierno por muchos años) para ejecutar esas acciones militares. Admisiones como eso contribuye a un sentimiento creciente que la clase política fue aliada por muchos años con la ultraderecha, y los dos grupos se apoyaron al otro para proteger sus intereses personales, a expensas de las clases pobres. Este sentimiento fue expresado por el periodista Alberto Salcedo Ramos en un entrevisto con La Mula, una publicación peruana:

“Hay una ultraderecha que, tras bambalinas, participa en las ganancias que genera la guerra, desde la industria armamentista hasta el tráfico ilícito de drogas. No quiere quedarse sin sus privilegios ancestrales y alienta la idea de que sigamos en una guerra que no los mata a ellos: los que mueren son los hijos de los pobres que son puestos en el frente de batalla. El burgués colombiano quiere la guerra para que peleen los pobres, mientras sus hijos la ven por televisión en un bar de Miami”.

La Mula (2016)

Eso es la fuente de la erosión de la confianza pública en Colombia. La inhabilidad de continuar el proceso de consolidación democrática, la falla de establecimiento un sistema de justicia que puede responder a las crisis de violencia, y la culpabilidad del gobierno en las violaciones de los derechos humanos durante los últimos cien años han destruido a la fe que la gente debe tener en su propio sistema de gobierno. Mientras avances significativos han logrado en las últimas décadas, todavía hay un gran problema de confianza (especialmente en los pobres urbanos y en los campesinos) que perseguirá al gobierno por muchos años en el futuro. Cuando, como se dice el filósofo político John Dunn “la confianza mutua se encuentra en el núcleo de todos los procesos políticos” (citado en Montero, Zmerli, & Newton, 2008, p. 13), es claro que el futuro político de Colombia va a ser muy difícil sin el apoyo de los ciudadanos colombianos.


Anónimo. (2016, Septiembre 15). Gobierno admite responsabilidad por exterminio de la UP. El Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-admite-responsabilidad-exterminio-de-up-articulo-655013

Liza, V. (2016, Octubre 26). Alberto Salcedo Ramos: “El burgués colombiano quiere la guerra para que la peleen los pobres” [Noticias]. Recuperado Diciembre 3, 2016, de https://redaccion.lamula.pe/2016/10/26/alberto-salcedo-ramos-colombia-nobel-futbol-peruano-proceso-de-paz/victorliza/

Montero, J. R., Zmerli, S., & Newton, K. (2008). Confianza social, confianza política y satisfacción con la democracia. (Social Trust, Political Confidence, and Satisfaction with Democracy). Reis, (122), 11–54. https://doi.org/10.2307/40184879

Pallín, J. A. M. (2008). Colombia: las palabras y los hechos: La violencia está en manos de todos. Política Exterior, 22(123), 39–45.

Pecaut, D., & González, L. (1997). Presente, pasado y futuro de la violencia en Colombia. Desarrollo Económico, 36(144), 891–930. https://doi.org/10.2307/3467131

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